Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, fue el primer presidente luego del régimen militar y llegó al cargo en 1983 con un amplio respaldo popular. A partir de 1984 funcionó una comisión para investigar los crímenes de la dictadura, cuyo informe probó más de 9.000 delitos de represión ilegal y terrorismo de Estado. En 1985 los juicios a las juntas militares condenaron a Jorge Videla y Eduardo Massera.

Alfonsín enfrentó problemas que hacían peligrar la democracia; uno de ellos, la crisis económica. Las soluciones dieron resultados solo por un tiempo. En 1989, Argentina estaba sumida en la hiperinflación y casi la mitad de la población afectada por la pobreza. Otro problema fue la resistencia militar a los juicios. En abril de 1987 un grupo de militares se sublevó contra el gobierno. La población se movilizó para defender la democracia. A pesar de ello, el presidente debió negociar con los sublevados ante la imposibilidad de reprimirlos. Entre 1988 y 1989 la debilidad del gobierno se hizo cada vez mayor, hubo dos levantamientos militares más y la oposición en el Parlamento y los sindicatos bloquearon casi todas las acciones del Ejecutivo. Cinco meses antes de terminar su mandato, Alfonsín traspasó el mando al recién electo Carlos Menem.

Menem gobernó por tres períodos consecutivos concentrando el poder en su persona. Durante ese largo período aplicó una política económica basada en los principios neoliberales enunciados en el Consenso de Washington: liberalización económica, privatización de empresas públicas, apertura del mercado interno, desregulación, entre otros. La economía argentina se recuperó pero con altos costos: acentuación de la polarización social, parálisis de la industria nacional, retiro del Estado de la esfera económica y aumento de la corrupción política.