El batllismo consideraba que el Estado debía intervenir para alentar el desarrollo de la economía. Así se favorecería el crecimiento del país a través de un modelo urbano industrial y se aseguraría el acceso universal a los servicios esenciales. Según el batllismo, estos servicios en manos del Estado permitían llegar a lugares donde la inversión no era rentable.

Para desarrollar el plan de reforma económica se apostó a la estatización, la nacionalización y el monopolio. El mayor impulso reformista de Batlle y Ordóñez fue durante su segundo gobierno, entre 1911 y 1915.

A través de las nacionalizaciones y estatizaciones de los servicios públicos (electricidad, agua corriente, banca, entre otros) se intentaba que la sociedad uruguaya tuviese un acceso igualitario a los servicios esenciales. A través de la explotación exclusiva de estas actividades económicas, el Estado se garantizaba la capacidad de realización de políticas que estimularan la industria y el comercio.

En este período se concretaron importantes proyectos: se crearon el Banco de Seguros del Estado, el Banco Hipotecario del Uruguay, las Usinas Eléctricas del Estado, la Administración de Tranvías y Ferrocarril del Norte y la Administración Nacional del Puerto de Montevideo, y se estatizó el Banco de la República Oriental del Uruguay.

A partir de 1912, se promovieron leyes proteccionistas: se pusieron impuestos a las importaciones de bienes manufacturados y, como forma de apoyar a la industria manufacturera, se exoneró de impuestos a la maquinaria para este sector. En este contexto se crearon el Instituto de Pesca, el Instituto de Geología y Perforaciones y el Instituto de Química Industrial, y se propició la instalación de frigoríficos.