En 1930, luego de una larga de dictadura militar, España volvió a convertirse en una monarquía bajo el gobierno del rey Alfonso XIII. Sin embargo, ese mismo año varios grupos políticos opuestos al rey firmaron un pacto en el que se comprometían a instaurar una República democrática en el país. El triunfo de los candidatos republicanos y socialistas en las elecciones municipales precipitó la renuncia del rey y la proclamación de la República.

El gobierno republicano-socialista elaboró una nueva Constitución en la que se establecía a España como una república democrática sustentada en el principio de la soberanía popular y la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), se separó a la Iglesia del Estado y se reconocieron derechos y libertades civiles como el sufragio de la mujer y el derecho a la educación. También se iniciaron cambios en los planos económico y político: se intentó implementar una reforma agraria y se puso en marcha el proceso para otorgar autonomía a la región de Cataluña.

Los cambios sociales y educativos le quitaban protagonismo a la Iglesia Católica, que se opuso duramente al nuevo gobierno, al igual que los partidos de derecha. La tensión social obligó a llamar a elecciones anticipadas en 1933. Como resultado de ellas, los opositores al gobierno republicano llegaron al poder y paralizaron todos los cambios importantes, mientras reprimían cada vez con mayor violencia las manifestaciones y huelgas de los trabajadores. El ejército cobró gran importancia y en 1934 el general Francisco Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor. El golpe de Estado de julio de 1936 provocó la guerra civil, que enfrentó a los militares y civiles de derecha contra la resistencia de los partidarios de la República, los sindicatos y los partidos de izquierda.