La Constitución de 1830 estableció un gobierno fuerte, que le daba mucho poder al presidente. Este, en teoría, controlaba casi todos los aspectos de la Administración y tenía mucha influencia en los departamentos del Interior. Pero esta autoridad solo era posible si el presidente contaba con poder personal.

Desde el punto de vista económico, el gobierno no tenía grandes fuentes de ingresos. Los impuestos que se podían cobrar en el siglo XIX eran pocos, porque los mecanismos de control eran muy elementales. La principal fuente de ingresos del Estado era la aduana.

Sin ingresos suficientes era imposible que el gobierno pudiera financiar una administración eficiente ni formar y mantener un ejército regular. Para eso tenía que poder pagarle un sueldo, entrenarlo, proveerlo de armas, etcétera. Ningún gobierno uruguayo pudo hacer esto sino hasta después de 1875. Por lo tanto, las fuerzas con las que contaba el Estado dependían de las levas que se hacían en momentos de conflicto. Los soldados del gobierno y los rebeldes contaban con las mismas armas. Muchas veces eran los mismos hombres, que iban de un bando a otro.

A todo esto se sumaban las dificultades en las comunicaciones, en un país sin caminos ni puentes. Los únicos medios de transporte eran el caballo y las carretas. Tampoco había sistema alguno de telecomunicación (el telégrafo se instaló recién en 1866). La velocidad de transmisión de la información era la de un jinete ágil y la que el clima permitiera. Se demoraba dos o tres días en llegar desde Artigas a Montevideo. Una revolución podía invadir el territorio y avanzar hasta el centro del país sin que el gobierno en la capital supiera nada y pudiera enviar fuerzas para sofocarla.