Durante el período de crisis del año 2000 el gobierno uruguayo no pudo defender ni al sistema productivo ni al financiero. Para enfrentar los problemas económicos utilizó gran parte de las reservas en dólares y buscó evitar que las personas y empresas retiraran el dinero de los bancos.

A la crisis bancaria le siguió el corte de pagos de las actividades económicas. Esto fue de tal magnitud que implicó la desaparición del dinero en las cadenas de producción y comercialización. La opinión pública empezó a prestarle atención a dos informaciones: el índice de riesgo país, que mide el riesgo económico de un país, y el aumento del valor del dólar. Desde varios meses antes los uruguayos eran testigos de las consecuencias del quiebre económico en Argentina y se esperaban consecuencias similares. En el 2002, el Uruguay descendió un escalón en términos de riqueza. Los datos económicos midieron cifras negativas que nunca antes se habían alcanzado.

El quiebre económico tuvo resultados en lo social: el desempleo aumentó hasta un 17 % y los salarios disminuyeron notoriamente entre el 2001 y el 2002. Además, muchos sectores de la población tuvieron serios problemas de acceso a la alimentación básica. La lista de deudores frente a empresas públicas y privadas creció de forma importante y se estableció el corralito, es decir, muchas personas no pudieron sacar su dinero de los bancos. Los procesos de deterioro social se agudizaron: los niveles de pobreza aumentaron. En el 2000, uno de cada cuatro uruguayos estaba por debajo de la línea de pobreza. Un par de años después, a fines del 2002 y principios del 2003, las cifras se agravaron aun más y uno de cada tres uruguayos se encontró en situación de pobreza.