Los efectos de la crisis de 1929 se sintieron rápidamente en Uruguay. La caída de los precios internacionales de las materias primas, la reducción de los volúmenes de exportación, la desaparición de capitales extranjeros para realizar inversiones y las medidas de protección de los países importadores perjudicaron a Uruguay, que dependía de las ventas de sus productos en el exterior y no podía imponer los precios.

Las exportaciones se redujeron en más de un 90 %. La disminución influyó en la estabilidad de la moneda uruguaya: se devaluó el peso y aumentaron los precios de los artículos. Esto afectó directamente el salario de los trabajadores porque aumentaba el costo de vida. También aumentó la desocupación.

El Consejo Nacional de Administración (CNA) se focalizó en cinco puntos: política monetaria, régimen impositivo, protección industrial, aumento de la intervención estatal y apoyo a la producción nacional, especialmente al agro. Para defender la moneda y evitar la especulación, estableció el control de la compra y venta de moneda extranjera. También se limitaron las importaciones para que los productos extranjeros no compitieran con los nacionales y se fomentó la producción local. Con la crisis económica se recobró la idea batllista de que el Estado debía tener mayor control sobre la economía. Se hizo cargo de la Administración de Puertos, de ANCAP, de UTE. Buscaba defender la moneda y reducir la desocupación.

Las propuestas del CNA chocaban con los intereses de varios sectores pues no solucionaban los problemas. El malestar se extendió. Estos grupos encontraron en el presidente Gabriel Terra un representante. En marzo de 1933 Terra disolvió el Parlamento y el Consejo Nacional de Administración e implantó una dictadura.