Durante los primeros años de democracia se debió hacer frente a varios problemas para restituir el orden público y el reconocimiento y solución a asuntos heredados de la dictadura: una crisis económica profunda con una deuda externa diez veces mayor que la de 1973; un sistema carcelario superpoblado de presos políticos; una respuesta a los reclamos por las violaciones a los derechos humanos por las fuerzas armadas.

Entre las primeras medidas del gobierno se decretó la amnistía general e irrestricta de los presos políticos, la restitución de la legalidad de las instituciones y los partidos políticos prohibidos durante la dictadura, la restitución de los funcionarios públicos destituidos por el régimen dictatorial.

Frente a los reclamos por las violaciones de los derechos humanos, las fuerzas armadas rechazaron cualquier posibilidad de hacer frente a los juicios por los delitos de la dictadura. La actitud del Poder Ejecutivo y la mayoría del Legislativo fue promover la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Con esta ley, el Estado renunciaba a su derecho a juzgar todos los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas durante la dictadura. La reacción no se hizo esperar y se inició una campaña de recolección de firmas para promover un plebiscito contra la norma. En diciembre de 1988 se reunieron las firmas necesarias para promover el recurso plebiscitario, que se produjo en abril de 1989. En esa instancia resultó mayoritaria la posición contraria a la revocación de la ley.

Después del plebiscito, el resto del año 1989 estuvo marcado por la campaña electoral. En noviembre, las elecciones se desarrollaron en un clima de absoluta tranquilidad y los resultados, la rotación de los partidos, dieron evidencia de la salud del régimen democrático.