A partir de la Ley de Registro Civil se aceleró la secularización del Estado, es decir que se fue separando de la Iglesia Católica. La separación entre Estado e Iglesia fue lenta y progresiva, pero le dio al primero cada vez más poder y redujo el dominio de la segunda a aspectos espirituales. Ese proceso había comenzado en la década de 1860, durante la presidencia de Bernardo Berro, cuando los cementerios dejaron de estar en manos de la Iglesia y pasaron a control público. La transformación se completó en 1917 cuando la Constitución separó definitivamente a la Iglesia Católica del Estado.

Con la nueva ley se establecieron normas que aseguraban el registro de los principales datos de la población y permitían llevar un control del estado civil. Estos datos son importantes para conocer la situación general de la población, evitar problemas vinculados a la filiación y los fraudes por el uso ilegal del nombre de otra persona o de una persona muerta, por ejemplo.

El registro civil obligó a que los niños fueran inscriptos en un plazo determinado y exigió a los sacerdotes que pidieran la constancia de registro civil para bautizarlos. De igual modo se actuó con el matrimonio: en los tres días siguientes a la ceremonia religiosa los contrayentes estaban obligados a realizar el trámite civil de matrimonio; en caso contrario, la unión no tendría validez legal. En 1885 se reformó la ley y se estableció que el único matrimonio válido era el civil y que debía llevarse a cabo antes que cualquier otra ceremonia de unión, tal como es en la actualidad.

Todos los demás trámites vinculados con el estado civil, como la separación, disolución y nulidad del matrimonio, trámites de filiación o el reconocimiento de hijos naturales quedaron en manos exclusivas del Estado.