En 1985, el nuevo gobierno recibió una dura herencia de la dictadura. El país tenía problemas que había que solucionar con urgencia. En lo económico Uruguay estaba en recesión; la producción se redujo por el descenso de inversiones, lo que provocó desempleo, reducción de salarios y de consumo, endeudamiento de las familias y empobrecimiento de las clases media y trabajadora. El gobierno logró incentivar el aumento de las exportaciones, las inversiones y los salarios, y reactivó el mercado interno y externo.

A pesar de los esfuerzos, la inflación y la deuda externa obstaculizaron el crecimiento. A las dificultades socioeconómicas se sumó la necesidad de abordar la violación de los derechos humanos ejercida por la dictadura militar y la consolidación del proceso de democratización en las estructuras de gobierno. Todavía había presos políticos en las cárceles, funcionarios públicos destituidos, personas exiliadas por persecución política y algunos militares golpistas cercanos al gobierno.

Para lograr la tarea Sanguinetti propuso un gobierno de unidad nacional y ofreció cargos a los otros partidos políticos. Para obtener mayoría parlamentaria hizo acuerdos con el Partido Nacional y su principal líder, Wilson Ferreira Aldunate. Las negociaciones entre los partidos políticos para llegar a acuerdos fueron constantes; tenían como objetivo consolidar la democracia y pactar las posibles salidas a los problemas más urgentes.

En 1985 se aprobaron dos leyes importantes: la ley de amnistía para los presos políticos y la de restitución de los cargos públicos a los destituidos en la dictadura. En 1987 se votó la Ley de Caducidad, que impidió juzgar a los militares y policías por los delitos cometidos durante la dictadura. Esto provocó una gran movilización social que culminó con un plebiscito en 1989.