Durante el gobierno de Jorge Pacheco se modificó el rol de las fuerzas armadas; estas se convirtieron en protagonistas políticas de un sistema que comenzaba a quebrarse. En 1971, después de la fuga de los tupamaros del penal de Punta Carretas, el gobierno encargó a los militares la responsabilidad de poner orden y terminar con la guerrilla. Un año después el MLN estaba totalmente desarticulado.

Las fuerzas armadas se convertían en la gran triunfadora; aumentaron su prestigio y su poder con la lucha antisubversiva, mientras el sistema político se debilitaba. El rol que asumieron les otorgó reconocimiento e información privilegiada. Los militares se mostraron ante la opinión pública como los únicos capaces de restablecer el orden y sacar al país de la profunda crisis que vivía desde hacía más de diez años.

Las cúpulas de las fuerzas armadas empezaron a alejarse de la Constitución y se rebelaron contra el sistema democrático. Este proceso terminó el 27 de junio de 1973 con el golpe de Estado y la disolución del Parlamento. El protagonismo político de los militares se dio en toda América Latina y Uruguay no fue la excepción. Las fuerzas armadas habían tomado el poder en otros países latinoamericanos apoyados por el gobierno de Estados Unidos, que veía con preocupación que los partidos de izquierda y los movimientos guerrilleros revolucionarios se expandieran por todo el continente.

Ante la incapacidad de los políticos de Latinoamérica de dar respuestas exitosas a los conflictos sociales y a la crisis, el camino represivo y autoritario se impuso en estos países. Estados Unidos respaldó a los distintos gobiernos militares, desde el plano político, económico y militar. Empezaba un largo período de represión y violación de los derechos humanos.