Desde fines de la década de 1950 la crisis económica había empobrecido a la clase media y trabajadora uruguaya y buena parte de la población se había movilizado en contra de la política de los gobiernos de la época. La sociedad se había dividido en posiciones extremas y el sistema democrático se había desgastado.

La presidencia de Jorge Pacheco había inaugurado un gobierno autoritario: usó los poderes especiales que le otorgaba la Constitución de 1967 para aumentar la represión e imponer duras políticas económicas y sociales. En 1971 Juan María Bordaberry obtuvo la presidencia en medio de acusaciones de fraude electoral y con escaso apoyo popular y político. Esta situación aumentó la presencia y el prestigio de los militares, que lentamente fueron ocupando los espacios que el sistema político les cedía; poco a poco se fueron filtrando en la política y ejerciendo presiones sobre el gobierno y el Parlamento. La exitosa campaña de los militares, que en menos de un año habían logrado derrotar a la guerrilla tupamara, aumentó su poder. Las fuerzas armadas entendieron que debían intervenir en la conducción del país ante la ineficacia del sistema político.

Así, en dos actos, surgió el golpe de Estado. El primero se desarrolló en febrero de 1973 cuando se firmó el pacto de Boiso Lanza, en el que el presidente integraba a los militares al Poder Ejecutivo formando un gobierno cívico militar. Esta fue la primera violación de la Constitución, que establecía que los militares no podían actuar en política. El segundo fue el 27 de junio de 1973, cuando las fuerzas armadas ocuparon y clausuraron el Parlamento. A partir de ese momento el poder político estaba en manos militares, empezaba un período de abuso, violencia, censura y violación de los derechos humanos.