Los uruguayos pusieron grandes expectativas en el primer gobierno democrático y muchos se sintieron decepcionados por los resultados económicos y políticos del período.

El gobierno de Lacalle impulsó un modelo económico neoliberal que intentó privatizar algunos organismos del Estado. Además aumentó los impuestos, redujo los gastos, paralizó obras públicas y pasó a manos privadas algunos bancos estatales. En 1992 una intensa campaña social terminó en un plebiscito; la mayor parte de la sociedad se manifestó en contra de las privatizaciones de los entes del Estado. A pesar del resultado, Pluna y varios bancos estatales se asociaron con capitales privados y algunas maniobras políticas del gobierno fueron denunciadas como fraudulentas.

Con la liberalización comercial la producción aumentó y las exportaciones crecieron junto con las importaciones. El consumo interno se disparó y las perspectivas económicas fueron esperanzadoras gracias al ingreso al Mercosur. Mientras la economía parecía en ascenso, la realidad social mostraba un importante aumento de la desigualdad: se agrandó la brecha entre los grupos sociales más ricos y los más pobres. Creció el porcentaje de pobreza repercutiendo especialmente en la población infantil; más del 25 % de los niños nacían en hogares marginales. El reflejo de esta situación social se hizo evidente en las ciudades, donde crecieron los asentamientos suburbanos.

Desde el punto de vista político el gobierno blanco tuvo una relación difícil con los sindicatos de trabajadores y estudiantes. Las políticas neoliberales tuvieron consecuencias negativas para la gran mayoría de los trabajadores y para la clase media, que debieron endeudarse para mantener su nivel de vida. Al mismo tiempo, el sistema educativo sufrió una reducción del presupuesto que se le destinaba.