En la década de 1970, a medida que el autoritarismo, la represión, la censura y otras violaciones a los derechos humanos se incrementaban, el exilio por motivos políticos fue aumentando. El sistema democrático no daba garantías y muchos militantes, sindicalistas, estudiantes y políticos, que el gobierno consideraba peligrosos o enemigos, debieron exiliarse necesariamente para no caer prisioneros o perder la vida. En varios países se formaron colonias de uruguayos exiliados que ayudaban a los que iban llegando. En varios casos, la solidaridad de las embajadas —es decir, de las oficinas diplomáticas en donde se encuentra la representación de un país dentro de otro— y de los gobiernos extranjeros fueron necesarios a la hora de garantizar el refugio a los que huían de la dictadura.

El exilio se transformó en un espacio de resistencia de aquellas personas que abandonaban a la fuerza los países en dictadura. Muchas de las distintas colonias de exiliados políticos formaron grupos de protesta y difusión. Este movimiento a distancia se dedicó a explicar la situación uruguaya y de América Latina en foros internacionales y aportó pruebas de cómo los regímenes militares violaban constantemente los derechos humanos. En los distintos países este trabajo de hacer tomar conciencia e informar sobre lo que sucedía involucró también a personas de distintas nacionalidades, que se solidarizaron y apoyaron las reivindicaciones de los exiliados. Estas personas colaboraron en presionar a sus gobiernos y a los organismos internacionales para disminuir el apoyo y aumentar el aislamiento de los gobiernos militares y así ayudar a terminar con las dictaduras de América Latina.

Se estima que entre 1963 y 1985 cerca de 400.000 uruguayos abandonaron el país por motivos políticos o económicos.