En 1973, a mitad del gobierno de Salvador Allende, hubo elecciones parlamentarias en Chile. Los votos favorecieron al partido de Allende, la Unidad Popular. Hasta entonces la derecha esperaba destituir al presidente a través del Parlamento, pero la estrategia de acción de los grupos conservadores, respaldados por Estados Unidos, varió: comenzaron a actuar en forma clandestina para debilitar al gobierno. El ejército, tradicionalmente respetuoso de la legalidad y la Constitución en Chile, fue el principal vehículo para esa acción.

En agosto del mismo año, el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, un defensor de la Constitución, fue obligado a renunciar. En su lugar Allende, cuya situación política era frágil, nombró al general Augusto Pinochet. Veinte días después de haber sido designado, Pinochet encabezó un golpe de Estado que destituyó al gobierno constitucional de Allende e instaló una de las más violentas dictaduras latinoamericanas.

La dictadura de Pinochet, como otras del Cono Sur, fue una dictadura cívico-militar, pues resultó de la alianza de los sectores conservadores de la sociedad civil con el ejército. Pinochet contó con la colaboración de Estados Unidos a través de la CIA. Durante el período dictatorial se aplicaron los principios generales de la doctrina de la seguridad nacional, desarrollada a partir de la década de 1960 por las fuerzas armadas de América Latina. Desde 1975, junto con los regímenes dictatoriales vecinos, la dictadura chilena desarrolló un plan internacional coordinado de vigilancia, persecución, asesinato y desaparición de opositores: el Plan Cóndor. Según los archivos, encontrados en Paraguay en 1992, esta operación supuso el asesinato de 50.000 personas, 30.000 desapariciones y el encarcelamiento de más de 400.000.