Al terminar la Segunda Guerra se crearon organismos interamericanos que aseguraban el liderazgo político de Estados Unidos en el continente: la Organización de Estados Americanos y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Se sumaban a los organismos internacionales que afirmaron el predominio económico de Estados Unidos en el mundo capitalista: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En 1954 Estados Unidos demostró que no toleraría regímenes que cuestionaran su liderazgo y la seguridad de sus capitales invertidos en América Latina. Ese año intervino en Guatemala para derrocar al presidente constitucional Jacobo Árbenz que había promovido una reforma agraria que afectó a varias empresas estadounidenses. En 1959, triunfó en Cuba una revolución que llevó adelante reformas del mismo tipo pero, a diferencia de Guatemala, el gobierno estadounidense no pudo detenerla.

Con el triunfo de la revolución en Cuba, la preocupación del gobierno estadounidense se centró en evitar el avance del comunismo en América Latina. Durante su presidencia, John Kennedy recurrió a la intervención indirecta a través del programa Alianza para el Progreso (AlPro), que financiaba reformas para el desarrollo de los países latinoamericanos. La idea era mejorar las condiciones sociales para frenar los movimientos revolucionarios y afirmar la democracia.

La AlPro no tuvo los efectos esperados y, desde mediados de los años sesenta, Estados Unidos volvió a recurrir a las intervenciones directas como la invasión militar a República Dominicana o el apoyo a los golpes de Estado, por ejemplo, los del Cono Sur. La política intervencionista estadounidense se mantuvo hasta fines del siglo XX con períodos más moderados en la segunda mitad de la década de 1970 y de mayor intensidad en la de 1980.