Para Batlle, el Estado debía actuar como intermediario y proteger al más débil. En sus presidencias se impulsaron reformas sociales en los derechos de las mujeres, las relaciones laborales y el vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica.

En esos períodos aumentó el número de escuelas públicas y se crearon liceos en las capitales departamentales. Estos cambios también beneficiaron a las mujeres con la creación de la Sección Secundaria y Preparatoria, exclusiva para mujeres, que facilitaba el acceso a la educación a aquellas de clase media y baja a las que sus padres no les permitían asistir a centros educativos compartidos con varones.

A principios del siglo XX las diferencias entre los derechos de las mujeres y de los hombres eran muy grandes. Las mujeres, entre otras cosas, no podían votar ni podían disponer de sus bienes.

En la primera administración de Batlle surgió el primer proyecto de ley de divorcio. A pesar de las protestas de varios grupos religiosos y conservadores, en 1907 se promulgó la primera ley de divorcio y, en 1913, se votó el último agregado a la ley: la realización por la sola voluntad de la mujer.

En materia laboral se aprobó la ley de ocho horas, que acortó la jornada laboral. A su vez, con la ley de la silla se obligó a que los dueños de almacenes, fábricas y talleres les permitieran a los trabajadores realizar la tarea sentados, siempre que la actividad lo permitiese.

Hubo también cambios en la relación con la Iglesia. Batlle consideraba que el Estado no debía tener una religión oficial. Se suprimieron la enseñanza religiosa en las escuelas y los subsidios para el seminario sacerdotal, y se prohibió el uso de crucifijos en los hospitales públicos.